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Juicios secretos e inquisiciones
Un legado estatal de abuso de menores
Corrupción judicial
El negocio multimillonario con menores

Contravenir la ley natural
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UN GULAG DE NIÑOS
Corrupción, el Abuso de Menores &
el Negocio de los Niños y Niñas en Quebec

 


De una población provincial de 7.5 millones, hasta 30 mil niños y niñas fueron arrebatados a sus familias durante el año 2006 por las autoridades encargadas de la protección de menores, luego juzgados en juicios secretos y encerrados en instituciones de tutela o asignados a programas de adopción forzada. La mayoría de los niños y niñas puestos en centros de detención son desvinculados de sus padres y de sus familiares, abusados física, sexual y emocionalmente, y mantenidos en esta situación hasta la edad de 18 años, para luego ser lanzados a las calles de las ciudades.

Años de silencio y una ausencia total de rendición de cuentas han abierto las puertas a una cultura de impunidad y corrupción en los funcionarios y el sistema judicial, destruyendo de esta manera la vida de 100 mil niños, niñas y sus familias. Los maltrechos sobrevivientes, impedidos de revelar la corrupción y el abuso bajo amenazas de enfrentar juicios y cárcel, alimentan las generaciones de familias destrozadas y vindicativas, garantizando así la buena salud de este negocio estatal. El negocio de la infancia en Quebec ahora es una industria en crecimiento, que consume más de mil millones de dólares anuales en burócratas, jueces, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, farmacólogos, instituciones diversas y contratación de servicios de seguridad.

Ningún otro estado moderno les quita tantos niños a sus padres por
la fuerza. La taza de niños arrebatados a sus families en Quebec es 2,5 veces más que en Suecia, 6 veces más que en Inglaterra, y 17 veces más que en España.

Un Estado sin control ha puesto el dinero y los intereses de los burócratas y del sistema judicial antes que los intereses de los menores y de sus familias. Las crecientes partidas presupuestarias para ministros y funcionarios judiciales, la creación de circuitos locales corruptos y el avance profesional en las carreras lucrativas, han conducido al abuso infantil sistemático y provocado uno de los peores escándalos en el mundo occidental.

La tasa de suicidios en Quebec es ahora una de las más altas del mundo occidental, y en esta tasa el principal porcentaje son los supervivientes de la Dirección de Protección de Jóvenes (DPJ).

 
 

Otros síntomas del fracaso de las políticas estatales son el decaimiento del índice demográfico, una baja tasa de nacimientos entre familias no inmigrantes, una estructura supernumeraria de funcionarios que supera el medio millón, los impuestos más elevados y la deuda per cápita más elevada de Norteamérica, una corrupción rampante en las regiones rurales, importante fuga de capital privado y de mano de obra, pobreza, entre otros.

Para silenciar las demandas contra la corrupción y el abuso en el trato a niños y niñas, el gobierno de Quebec, sin debate público o indagaciones, ha ampliado los poderes de la DPJ y ha acelerado los programas de internación permanente y de adopción forzada de niños y niñas.

 

 

La Red de Informantes - Alimentar la maquinaria

En 2005 una red de informantes públicos reportó a las autoridades de la DPJ a más de 70,000 familias y a sus hijos e hijas. Atrasos, faltas repetidas a clase, enfermedades, heridas, rasguños, platos sucios, ropa sucia, libros, revistas o cuadros políticamente incorrectos, son considerados como indicadores válidos de abuso infantil. Si se requiere de un incidente o motivo, la afirmación de un posible futuro abuso emocional o físico es utilizada por los trabajadores sociales para arrebatar a los niños o niñas. Sin la incomodidad de tener que presentar pruebas de las acusaciones para separar a los niños y niñas de sus familias, los burócratas de la DPJ trabajan mano a mano con un sistema judicial corrupto, y consiguen atacar y silenciar a los que oponen resistencia, y justifican el financiamiento de aumentos presupuestarios.

Los niños y niñas incautados son seleccionados entre familias consideradas vulnerables o ingenuas, aquellas que menos posibilidades tienen de defenderse. Padres o madres que han tenido accidentes, enfermedades, separación, divorcio, y aquellos considerados como de costumbres marginales (por ejemplo, los que prefieren proveer la educación en casa), son los blancos preferidos de este sistema. Niños fácilmente manipulables son candidatos prioritarios porque se adaptan a las instituciones tutelares y son mejores candidatos para la adopción. Para garantizar un financiamiento fluido a la DPJ y a los presupuestos judiciales, se bloquea la colocación de menores en familias sustitutas o en casas de familiares.

 




Centros de Corrupción:
La Mauricie, Le Centre-du-Québec, Trois-Rivières

 

Para arrebatar a los niños y niñas, los trabajadores de la DPJ llegan a las casas de los acusados escoltados por la policía. A los padres ingenuos se les dice que sus hijos serán llevados temporalmente para evaluación, pero no regresan nunca. Los actuarios o secretarios de los tribunales estampan sellos de goma sobre las notificaciones judiciales oficiales, sin presentar ninguna prueba. Incluso en muchos casos los niños y niñas son llevados sin necesidad de una notificación judicial, utilizando el fraude en documentos y firmas.

Los padres que se oponen a la captura de sus hijos son acusados de agresión a las autoridades. Esto luego será utilizado en el juicio como una prueba de su incapacidad de asumir correctamente sus responsabilidades. Los padres que no oponen resistencia son presentados ante los jueces como flojos, descuidados, poco afectuosos con sus hijos y con incapacidad emocional, y estos argumentos serán las bases para justificar la internación o la adopción forzada de sus hijos e hijas.

Una vez que los menores están bajo la custodia de las autoridades estatales, a menudo confinados en celdas, el interrogatorio y la destrucción de la personalidad de los padres comienzan en juicios secretos. Sin la necesidad embarazosa de tener que presentar pruebas, y en una total impunidad, colusión, corrupción, fraude, y las presiones sicológicas son utilizadas para quebrantar los lazos familiares, y crear en padres y madres la angustia que justificará la prolongación de la detención de sus hijos e hijas. La mayoría de los niños y niñas arrebatados jamás son retornados a los padres biológicos. Los padres y quienes oponen resistencia, incluyendo cualquier persona que trabaje dentro de la institución y pretenda apoyar una apelación o revelar la corrupción, o introducir demandas, se les intimida, silencia y son objeto de persecución judicial y administrativa.

 
Jueza Andrée Ruffo:
Defensora internacional de los derechos de la niñez, escritora y jueza. Retirada de sus funciones por haber puesto en evidencia la corrupción judicial y burocrática, y el abuso estatal hacia los menores.
 
 

Un legado estatal de abuso de menores

Comenzando con la colocación forzada en instituciones infantiles de tutela de menores nativos en los años '30, '40 y '50, seguido luego por el caso de abuso sistemático y la tortura de 20,000 menores conocido como Los Huérfanos de Duplessis, hasta el abuso actual, el ciclo de destrucción de vidas infantiles se ha repetido a lo largo de todas las generaciones en Quebec, durante los últimos 70 años. Atacar a las familias ha dado lugar a un mercado lucrativo para el ejército de burócratas, abogados, jueces, psicólogos y trabajadores sociales. Durante décadas, todos los que participan en este sistema son pagados por el Estado omnipresente, creando vínculos reales entre los intereses financieros y de carrera de los burócratas y el sistema judicial. La ausencia de independencia judicial ha conducido a una flagrante cultura de corrupción e impunidad, que se mantiene gracias a la conspiración del silencio. Este sistema contribuye directamente a la tasa de suicidios en Quebec, una de las más elevadas del mundo occidental, con una relación de 30/1000 individuos (taza masculinos).


La incautación sistemática de menores de su entorno familiar y la consecuente destrucción de los vínculos significa millones de víctimas entre hermanos y hermanas, padres y madres y familiares. Criados sin el amor incondicional de padres y madres y sin los lazos familiares esenciales para la construcción de la identidad y la cultura, las víctimas salen del sistema destrozados emocionalmente, con dependencia alcohólica y drogadicción, y sin los roles modelo, la educación y las habilidades para desenvolverse en la sociedad. Forzados a salir del sistema institucional hacia las calles a la edad de 18 años, la mayoría termina alimentando las estadísticas de suicidio, o se vuelven personas dependientes e incapaces de contribuir socialmente.

 




Los huérfanos de Duplessis::
Niños y niños que gozaban de buena salud, pero fueron declarados enfermos mentales y encerrados en centros de tutela, para poder cobrar los subsidios federales.

Más de 20 mil menores víctimas de abusos físicos, sexuales y emocionales, utilizados como conejillos de India en laboratorios psiquiátricos, lobotomía, golpes eléctricos, pruebas de nuevas drogas.

 
 

Corrupción judicial

En el documental Ladrones de Infancia, la DPJ hace alarde de haber ganado más del 90% de los juicios. Años de secreto e impunidad le han permitido a la DPJ y a los jueces modelar un sistema lleno de vacíos y engaños para arrebatar y encerrar a los menores, y condenar a padres y madres sin necesidad de presentar pruebas o seguir los debidos procedimientos de ley.

  • En flagrante violación a los principios fundamentales de la justicia, los jueces tienen contactos directos con los directores de la DPJ fuera de las salas de audiencia. Los jueces que se niegan a recibir órdenes de la DPJ son objeto de persecuciones, presiones y demandas (ver el caso del despido de la jueza Andrée Ruffo.)

  • Los menores son representados por abogados asignados de oficio, con los que jamás se habían entrevistado antes del juicio, y a quienes además se les bloquea muy a menudo la entrada a los tribunales. Los intereses y deseos de los menores se ven entonces mal defendidos con el asesoramiento de estos abogados, que además trabajan para el Estado.

  • Los consejeros asignados de oficio son aprobados por la DPJ, y coluden abiertamente con ésta y abogan por esa institución. Los menores, mantenidos en aislamiento, reciben presiones para dar testimonio contra ellos mismos y/o contra sus padres.
 



Rapto de niños aborígenes:
"
Matar al Indígena en el corazón del niño." Más de 100 mil menores víctimas de abuso físico, sexual y emocional en Quebec y Canadá.


Canada Court Watch Registro de corruptos en los tribunales de menores: trabajadores sociales, abogados y jueces

 
 
 
  • Los intentos hechos para asignar abogados sin vínculos con la DPJ tomados de regiones no corruptas han sido bloqueados por los abogados que colaboran con la DPJ.

  • Las apelaciones ante tribunales superiores, cuya preparación cuesta miles de dólares, son rechazadas, negándole a padres y madres la posibilidad de enfrentar las acusaciones verbales y alegaciones en contra de ellos.

  • El sentido mismo del valor de una prueba es desvirtuado: como sucedía y sucede en todos los regímenes totalitarios de tipo político y/o religioso, son las víctimas quienes tienen que probar su inocencia ante acusaciones verbales y demandas no corroboradas por pruebas. Sin necesidad de presentar pruebas para condenar, y con la connivencia del sistema judicial, es muy común entre los burócratas de la DPJ el perjurio y el fraude.

  • El acceso a las transcripciones literales de los juicios a menudo es bloqueado, negando a padres, madres y a sus abogados la oportunidad de preparar en buenas condiciones la defensa o las apelaciones, e impidiendo de esta manera las acusaciones por la parte civil y posibles acciones administrativas contra la DPJ, los jueces y los abogados.

  • Las trascripciones oficiales, si no son bloqueadas, han sido editadas o parcialmente borroneadas para ocultar procedimientos corruptos.

  • A los padres y madres, cuyos intentos de ejecutar acciones legales son considerados como "molestias", sencillamente se les impide el acceso al sistema legal en los tribunales inferiores y superiores.

  • Utilizando la amenaza de acusación por desacato a las condenas de los tribunales, pasibles de encarcelamiento, padres, madres y menores quedan condenados para siempre a no poder revelar los procedimientos secretos de los tribunales (llamados "huit-clos" -del francés: a puertas cerradas). Con el argumento de proteger la identidad de los menores, el sistema de juicios "a puertas cerradas" sirve para esconder la corrupción y el abuso de la DPJ y los jueces, e impedir que resulten notorios los abogados censurados por la DPJ.

  • Las acusaciones contra padres y madres son presentadas en la mañana del inicio de las audiencias, impidiendo intencionalmente a éstos la posibilidad de preparar debidamente la defensa, refutar acusaciones o convocar testigos.

  • Documentos obtenidos por medio de falsificación de firmas y adulteraciones, son presentados ante los jueces como evidencias de la aceptación por parte de padres y madres de decisiones tomadas unilateralmente por la DPJ (ver "Herramientas de la Corruption".)

  • Los sicólogos del estado utilizan los nombres de los menores para construir el perfil y condenar a padres y madres en los juicios.
 


Corrupción Denucianda en el Senado EEUU

Family Aid Canada
Contra el abuso de menores por el estado.

NCHR Contra el abuso de menores por el estado en los paises nórdicos.

Hijos de Inmigrantes Blancos de DPJ

Niños Amenazados de Rapto por el Estado; Éxodo de Familias

Tortura, abusos de niños y encubrimientosorture 50,000 víctimas.

Fosas comunes de niños en Montreal

Experimentos con menores

Fabricación de víctimas y el peso de la ley ignorado en Quebec

Archivo de casos : Menores escolarizados en casa arrebatados en un operativo. Madre acusada de agresión por oponerse a la incautación de sus hijos.

Comité de Naciones Unidas contra la tortura investiga las celdas de reclusión de menores de la DPJ Quebec (francés)

Proteja a sus hijos e hijas (descargar archivo PDF)

 
 

Juicios secretos e inquisiciones

Una vez que los niños y niñas están bajo la custodia de la DPJ, los recursos
judiciales y financieros del Estado son puestos a disposición para destruir
los vínculos familiares, anulando la autoridad de los padres, y atacando las
defensas afectivas y financieras de padres y niños. El sistema y las
tácticas están deliberadamente diseñadas para provocar reacciones
emocionales y físicas en padres, madres, hijos e hijas, reacciones que luego
serán utilizadas para justificar las intervenciones de la DPJ.

Los subsidiosy ayudas diversas del Estado, de los cuales depende una mayoría de las familias de Quebec, son anuladas inmediatamente, forzando a los padres a
instalarse en viviendas más pequeñas y con alquileres módicos. De esta
manera, los padres pueden ser tildados de inestables o con la incapacidad de
proveer la vivienda adecuada a sus hijos.

En los tribunales secretos (huit clos), la DPJ continua su caza de brujas con ataques
directos, sin pruebas, contra las reputaciones y credibilidad de todos aquellos que se oponen a la corrupción y a la reclusión de los niños.

Después de pasar más de 30 días bajo custodia (a la espera de audiencias,
etc.), o comienzan las clases, y la DPJ argumentará que ya los niños y niñas
están estabilizados emocionalmente y no deberían ser regresados a sus
padres.

Contravenir la ley natural / Torturas psicológicas / Intimidación y provocación

La intimidación física es utilizada para provocar a padres, madres y menores. En las audiencias, después de meses de no tener contacto los miembros de la familia, los
trabajadores de la DPJ se colocan entre los menores y sus padres, negándoles toda intimidad o comunicación. Las reacciones emocionales a estas provocaciones son

 


Documental: Ladrones de Infancia
Reseña de prensa


Documental: Hijos de La DPJ Reseña de Prensa

 
 
 

presentadas como evidencias de incapacidad de los padres y madres, y justifican la continuidad de la reclusión de los menores. Los padres que obedecen las reglas, que no reaccionan emocionalmente y no responden a los llamados de sus hijos o hijas de comunicar con ellos, son catalogados como distantes, descuidados y sin interés en ocuparse de sus hijos e hijas. Si los niños se comportan bien mientras están bajo custodia, la DPJ argumentará que no deben ser desestabilizados y que deben permanecer bajo custodia. Si los niños comienzan a mostrar sus emociones debido al estrés al que son sometidos, entonces se argumentará que necesitan quedarse más tiempo recluidos para alcanzar la necesaria "estabilidad". Es corriente el uso forzado de farmaceúticos potentes para corregir problemas emocionales.

 


Documental: La Ilusión Tranquila: Crisis socioeconómica en Quebec - Reseña de Prensa

 
 

Una táctica frecuente es negarles a padres y madres todo contacto directo o a través de familiares o amigos, durante meses e incluso años. Cualquier contacto con menores que no logran controlarse y llaman a sus padres, es presentado a los tribunales como desobediencia y desacato a las autoridades, argumentos para justificar mayores castigos y separación de padres y madres de sus hijos e hijas.

 

Reseña de MacLeans
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Manifiesto Por Un Quebec Lúcido (Francés)

 
 

El negocio con menores: Una industria con un crecimiento millonario

Más de 12 mil trabajadores sociales se necesitan anualmente para ocuparse de los procedimientos relativos a 70 mil menores. El perfil estándar del trabajador es el de una mujer, soltera y sin hijos o hijas. La mayoría de éstas no tiene mayores calificaciones en el campo del trabajo social o del cuidado de menores. Haber terminado los estudios secundarios es el único requisito obligatorio. Los trabajadores incorporados reciben una capacitación de seis días, y luego tienen la autoridad y el mandato para separar a los menores de sus familias. Se les provee de un software para que preparen los informes que harán en los tribunales, que contiene la jerga de la negociación que tendrá lugar.

Con un trabajo y una pensión de por vida, 37.5 horas semanales de trabajo, vacaciones pagas, y demás condiciones inigualables en el sector privado, es fácil reclutar candidatos. Una semana laboral de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, garantizan que los niños bajo custodia no reciban una atención adecuada, ni servicios o visitas de familiares en semanas, especialmente durante vacaciones o fines de semana, períodos en los cuales los menores permanecen incomunicados. Los trabajadores de la DPJ reciben promociones en función de su historial de incautación de menores.

La DPJ opera con un presupuesto que ronda los 650 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento anual de 8 a 10%. Por su parte, el sistema judicial utiliza un presupuesto de 520 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 50% dedicado a los casos de menores y sus familias. (Exceptuando las grandes compañías y familias pudientes, el sistema judicial es desestimado por la mayoría de ciudadanos, debido a los altos costos que supone litigar, la complejidad y la percepción de favoritismo hacia los burócratas durante los procedimientos. Si se conceden, las compensaciones rara vez cubren los gastos legales, y menos aún la destrucción de vidas.) Los padres que quieren liberar a sus hijos pagan millones en procedimientos legales. Y aquellos a quienes les han arrebatado hijos y/o hijas, se ven forzados a pagar por la reclusión de éstos, al mismo tiempo que se les niega el contacto. Los jueces de Quebec, que suman cerca de 300, reciben salarios anuales de más de 200 mil dólares estadounidenses, y tienen inmunidad judicial. En total, más de mil millones de dólares estadounidenses son invertidos anualmente para recluir y luego entregar en adopción forzada a los menores de Quebec.

Ningún estado democrático arrebata tantos niños a sus familes:

El laberinto de las demandas; Represalias e impunidad; Violaciones a la Carta de las Naciones Unidas

Nadie controla a los burócratas de la DPJ y operan en abierta colusión con los jueces, con una inmunidad muy eficaz que los protege de acusaciones penales o civiles. La Dirección Regional de Demandas de la DPJ, donde todas las demandas deben ser enviadas, está directamente bajo la tutela de los directores de la DPJ, quienes preparan las acciones que se tomarán para silenciar e intimidar a los demandantes. Comités de vigilancia como la Comisión de los Derechos de las Personas y los Derechos de los Jóvenes, están compuestos por personas vinculadas políticamente al sistema judicial y a la DPJ, y detienen las quejas en los niveles iniciales. Los procedimientos de una demanda no pueden ser llevados a cabo simultáneamente ya que ninguna oficina puede tomar decisiones mientras otra oficina o tribunal está deliberando. Esto permite que los burócratas detengan indefinidamente una investigación. Las demandas que alcanzan un nivel superior sólo son tomadas en cuenta si hay suficiente presión mediática.

Los padres y madres que ponen demandas son catalogados como no-cooperativos y son pasibles de represalias directas e inmediatas. Así, contraviniendo sistemáticamente la ley natural, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, y la Carta de Derechos y Libertades de la Persona de Quebec, y los Estatutos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia:

  • Los menores son colocados, deliberadamente y de manera repetida, bajo la custodia de guardianes con problemas de drogas y alcohol. Los menores que adquieren una drogadicción, a menudo tan temprano como los 10 años de edad, luego son transferidos a pabellones de régimen carcelario.

  • Hasta 12 menores están guardados en casas particulares, a menudo en los sótanos con uno o dos guardias que no tienen ninguna formación. El acceso a la droga es facil.

  • A los menores que adquirieron la drogadicción a través de la DPJ se les niegan servicios de desintoxicación.

  • El estatus y las condiciones en que se encuentran los menores es deliberadamente escondido a padres y madres, y presentado engañosamente a los tribunales (y aceptado por éstos).

  • Los juicios de los tribunales son ignorados o interpretados a su gusto por la DPJ.

  • La Carta de las Naciones Unidas relativa a los derechos de menores y de padres y madres es sistemáticamente ignorada.

  • Se niega a los menores durante meses o por más tiempo, todo contacto directo o indirecto a través de familiares o amigos, por cualquier medio.

  • Padres y madres son amenazados por los jueces si intentan establecer alguna comunicación con sus hijos o hijas.

  • Los padres o madres a quienes se les han incautado sus hijos o hijas reciben amenazas de acciones judiciales y se les obliga a pagar al Estado por la custodia de los menores. (En el mejor estilo kafkaiano de los gobiernos totalitarios, la detención, encierro en centros especializados y el abuso de menores y de sus padres y madres es presentado como un servicio público.)

Herramientas de corrupción

La falsificación de documentos y de firmas se utiliza para agilizar la detención de miles de menores cada año en Quebec. El método más sencillo es llamar al padre y a la madre, maestros y representantes de la DPJ, a una reunión para evaluar la evolución de un determinado menor. Al padre y a la madre se les presenta una hoja en blanco para que dejen constancia de su presencia en la reunión. Sin conocimiento del padre y/o la madre, y sin su consentimiento, la hoja de presencia es luego agregada a un documento de la DPJ o a una información relativa a las decisiones alcanzadas por la DPJ con la "aprobación" del padre y la madre.

Las diversas modalidades de las falsificaciones incluyen hacer firmar la última de una serie de páginas de un documento, escondiendo o presentando parcialmente los contenidos centrales de éste. También, después de haber pasado toda una reunión revisando un informe, se pide al padre y a la madre que pongan sus nombres en el documento. Con el desconocimiento de los firmantes, se reemplaza el primer documento por otro en el que aparecen las firmas con el "consentimiento" tutelar.

Pronto tendremos en esta página: los psicólogos de la DPJ que utilizan los nombres de los menores para construir el perfil de padres y madres, y condenarlos.

 
 


¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

  • Ore por los menores y las familias que enfrentan estos sufrimientos.
  • Comparta esta página web con familiares, amigos, iglesias, líderes comunitarios y medios de comunicación locales. Envíeles un correo electrónico aca.
  • Advierta a familias jovenes y otros que corren riesgo. Envie una guia de consejos por correo correo.
  • No acepte en adopción menores originarios de Quebec sin el consentimiento escrito y oral de sus padres biológicos. La adopción forzada es una práctica bárbara.
  • Las donaciones son bienvenidas, y serán canalizadas a organizaciones de derechos humanos y a consejerías legales para las familias que enfrentan juicios.

    Nota: los testigos de corrupción y abuso, incluyendo aquellos que apoyan a este sitio web, pueden ser objeto de represalias y persecuciones. Se solicita discreción.

    Provincia de Quebec:

  • Comparta esta página web con familiares, amigos, iglesias, líderes comunitarios y medios de comunicación locales. Envíe un correo electrónico a esta dirección.
  • Envíe un correo electrónico al Primer Ministro (Jean Charest), al Ministro de Justicia (Honorable Yvon Marcoux) , y al Ministro de Salud y Servicios Sociales (Honorable Phillipe Couillard), exigiendo respeto por la Carta de Derechos y Libertades de la persona de Quebec y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la Convención Internacional de Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas, el fin de la impunidad y la corrupción de los burócratas, jueces y abogados, y que se le ponga punto final al programa de adopción forzada.
  • Envíe un correo electrónico al miembro del Parlamento que le representa (MPP). Haga clic aquí para obtener una lista.
  • No ofrezca su casa a la DPJ como albergue infantil en regiones conocidas por sus prácticas sistemáticas de corrupción (Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Laurentides, etc.). Pagar la hipoteca de su casa dando albergue a menores incautados ilegalmente es un acto inmoral.
  • A las víctimas y testigos de la corrupción y el abuso de jueces o de la DPJ se les invita a enviar los nombres de estos violadores de derechos, incluyendo detalles de los hechos y documentos probatorios a SOSQuebec. Se elaborará un registro y será enviado a autoridades internacionales.

    Canadá e internacional

  • Comparta esta página web con familiares, amigos, iglesias, líderes comunitarios y medios de comunicación locales. Envíeles un correo electrónico aquí.
  • Envíe un correo electrónico al Primer Ministro de Canadá (Honorable Stephen Harper), al Ministro de Justicia (Honorable Vic Toews) y al Ministro de Servicios Sociales (Honorable Lynne Yelich), exigiendo respeto a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y a los convenios firmados y ratificados por Canadá ante las Naciones Unidas, y solicite el castigo de los burócratas, jueces y abogados corruptos, y que se ponga punto final a los programas de adopción forzada.
  • Envíe un correo electrónico o fax a las embajadas de Canadá y a las oficinas de Quebec en el extranjero.
  • Envíe un correo electrónico al miembro del Parlamento que le representa (MPP). Haga clic aquí para obtener una lista completa.

    Inversionistas institucionales y analistas:

    Con una población decreciente, los mayores niveles de deuda per capita (127 mil millones de dólares canadienses), tasas fiscales marginales más elevadas de Norteamérica, inversión privada recesiva, fuga de capitales, base fiscal que se reduce progresivamente, pobreza que afecta a importantes sectores de la sociedad, una bomba de tiempo demográfica de jubilaciones masivas financiadas con fondos públicos que estallará pronto… Quebec tiene muchos desafíos que enfrentar. Los fabricantes que dependen de las exportaciones han sido golpeados severamente por un dólar canadiense alto, las importaciones asiáticas y la caída de la demanda de los mercados de Estados Unidos. Con la notable excepción de los servicios públicos y los monopolios estatales, todos los trabajadores relacionados con las fuerzas del mercado han tenido que hacer dolorosas concesiones para seguir siendo competitivos.

    Las fuerzas progresistas de Quebec se han estado movilizando para lograr la modernización y el cambio. Los resultados de las recientes elecciones, en las que tres partidos se repartieron el voto electoral, confirman esta pauta. El resultado de las elecciones ha sido considerado como un rechazo claro al separatismo y a las políticas de intervencionismo de los últimos 30 años con sus monopolios, burócratas privilegiados y élites.

    La situación económica y social de Quebec es crítica, y los líderes del espectro social, económico y político, incluyendo al ex (separatista) Primer Ministro Lucien Bouchard, han hecho advertencias sobre el posible colapso en un futuro cercano, si no se realizan cambios inmediatos. Estos puntos de vista han sido publicados en el Manifiesto por un Quebec Lúcido (sólo en francés). Otro documental, I'Illusion Tranquille (La Ilusión tranquila), describe con detalles la realidad actual de Quebec, es decir, la de un lúgubre "paraíso de trabajadores", realidad sistemáticamente ignorada por los medios de información más importantes y sus financiadores políticos.

    El hecho es que los oligarcas y la nomenclatura, los incrustados burócratas, los jueces, los sindicatos militantes y los monopolios estatales continúan impidiendo el cambio porque protegen sus privilegios y su poder, permitiendo la persistencia de la corrupción y el abuso en regiones como Trois Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Laurentides, etc.

    Tribunales independientes y abiertos, respeto a las leyes, y tratamiento ético de los menores y de sus familias son pre-requisitos para un desarrollo sostenible y beneficioso. La inversión de capital en las regiones conocidas por sus prácticas corruptas merece investigaciones más profundas.

    Medios de Comunicación y Periodistas:

    Para obtener detalles sobre juicios y contactos directos con víctimas y testigos, por favor envíe su número de teléfono, fax o correo electrónico a SOSQuebec. Será contactado para darle seguimiento. Las personas que contribuyen con esta página web tienen niños y niñas cautivos dentro del sistema de la DPJ, y sobre ellos pende la amenaza de ser acusados de desacato a los tribunales, y prisión por revelar los procedimientos de los juicios secretos. Los testigos de corrupción pueden ser víctimas de persecuciones (ver el caso de la ex jueza Andrée Ruffo, la ex campeona olímpica Myriam Bédard, y otros). Por ello, se solicita discreción.

    Consejería Legal:

    Se invita a los defensores de Derechos Humanos y procuradores civiles que quieran representar a las víctimas en las audiencias de los tribunales y ante las instituciones internacionales a enviar sus contactos (teléfono, fax, correo electrónico) a SOSQuebec.


 
 

"No seremos víctimas. No seremos victimarios. Y sobre todo, no seremos observadores."
Memorial del Holocausto, Washington, D.C.

"La diferencia entre un estado de bienestar y un estado totalitario es un asunto de tiempo."
Ayn Rand

"Ninguna persona que sea corrupta, ninguna persona que aprueba la corrupción de otros,
puede atender sus obligaciones sociales" Theodore Roosevelt

“Corrupción es autoridad más monopolio menos transparencia.” Anon

"Abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los hijos de muerte.
Abre tu boca, juzga con justicia. Y el derecho del pobre y del menesteroso."
Proverbios 31:8,9




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